El pleno del Tribunal Constitucional (TC) falló ayer por seis votos a cinco que el confinamiento domiciliario decretado por el primer estado de alarma fue inconstitucional, en una sentencia controvertida que anula las medidas más duras que decretó el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo del 2020. El Alto Tribunal falla que para aplicar el confinamiento se tenía que haber declarado el estado de excepción, que requiere la autorización previa del Congreso.

La sentencia evidencia una profunda grieta en el seno del TC, que ya se había puesto de manifiesto en el pleno celebrado el mes pasado, cuando no se logró una mayoría al producirse un empate a cinco votos. La división entre los magistrados partidarios del estado de alarma y los del estado de excepción la ha roto Encarnación Roca, que no se había pronunciado y ayer lo hizo de forma decisiva para apoyar la ­inconstitucionalidad de la medida. Tres jueces progresistas y dos conservadores –Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Rodríguez, Juan Antonio Xiol, Andrés Ollero y el presidente Juan José González Rivas– han defendido la validez del estado de alarma y otros cinco, todos conservadores y propuestos por el PP –Pedro García-Trevijano, Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya– junto a la vicepresidenta Roca, elegida a propuesta del PSOE, han defendido que era necesario el estado de excepción.

Un Constitucional fracturado anula por un voto parte del primer estado de alarma

Un fallo por un voto de diferencia no es un escenario óptimo para determinar si se ha incumplido la Constitución en la lucha contra la pandemia pero es la consecuencia de que el pleno del TC tenga once magistrados y no doce. Fernando Valdés no fue sustituido cuando dejó el tribunal, lo que ha hecho que no pudiera haber empate y que el presidente usara su voto de calidad. La sentencia deja una fractura en el seno del Constitucional y alimenta su interpretación en clave ideológica.

El fallo supone la admisión de algunas de las propuestas señaladas en su recurso por Vox, el primero en acudir al TC al entender que se restringían derechos fundamentales de los españoles. El ponente y encargado del borrador de sentencia, el magistrado conservador González-Trevijano, ha logrado que se impusieran sus tesis.

Aunque no se oponía a las medidas del Gobierno, defendía que el confinamiento domiciliario fue una suspensión de derechos fundamentales y no una limitación, para la que no alcanza la figura del estado de alarma y se hacía necesario el estado de excepción. La sentencia confirma su posición al concluir que, bajo el paraguas del estado de alarma, el Gobierno se excedió en la intensidad de las medidas impuestas.

La sentencia tiene consecuencias políticas y administrativas. Es un varapalo importante del Constitucional al Gobierno, un revés político y jurídico. Por ello el Ejecutivo no ocultó ayer su malestar, manifestó su “sorpresa” por una sentencia que calificó de “inédita” y “sin precedentes” y se ratificó en la necesidad de la medida que tomó. Para el PP es “un tremendo varapalo judicial” al Ejecutivo y afirma que el TC ha demostrado el “completo fracaso” de Sánchez en la gestión de la pandemia. El alcance del fallo es simbólico, pues los efectos del primer estado de alarma han quedado superados pero tiene un gran calado al marcar el camino que deberá seguir en el futuro el Gobierno para limitar o suspender derechos ante una crisis sanitaria como la que provocó la covid.

La sentencia abre la puerta a la anulación de más de un millón de multas impuestas durante el estado de alarma, de los procedimientos penales abiertos por desobediencia a la autoridad y la invalidez de las restricciones que decretó el Gobierno. Pero los ciudadanos no podrán reclamar indemnizaciones al Estado porque, según la sentencia, tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido.

La Gazeta Occidental comenta al respecto.- El gobierno comunista, de Sánchez, tras la sentencia del alto tribunal de Justicia, ha optado por censurar, en Redes Sociales, con diferentes modalidades, hecho habitual desdes que gobierna, a usuarios afectados, a la hora de exponer las quejas y protestas pacíficas por estas medidas anti-constitucionales e ilegales, que atentaron a los derechos elementales y más básicos de los habitantes en España. Aunque la sentencia apunta que el ” Estado ” no debe ni puede hacerse cargo de compensaciones y rectificaciones, lo cierto y es verdad que sí cabe la posibilidad para aquellas personas afectadas por estas medidas, es decir, aquellos actores que a sabiendas de hechos comunicados de ilícitos siguieron cometiéndolos, acaso las detenciones ilegales y el uso de la fuerza por una infracción administrativa contra ” el mero hecho de salir a comprar el pan o un artículo de necesidad “. Y la subsiguiente cuestión sería ” y si esto ha sido con el primer confinamiento qué no será con el resto de medidas impuestas como el uso abusivo de mascarilla ” ( al estar fuera un sujeto en la vía pública o al aire libre ), etcétera, etcétera, donde las empresas, compañías, entidades, organismos, instituciones, locales, municipales o a nivel ” estatal ” sí poseen responsabilidad directa al haber seguido estas y otras medidas contraproducentes e ilegítimas ( se ha dicho que el primer confinamiento producido en el año 2020 fue declarado anti-contitucional ). España se encuentra ahora mismo, oficialmente, en un ” limbo ” legal, ya que el gobierno, sus socios, y todos aquellos miembros de partidos políticos de indistinto signo, actores, terceros, y colaboradores en este ilegal confinamiento deberían de ser detenidos inmediatamente, en menor medida multados, pero debido al gran número de partícipes en estos delitos o crímenes, y el aforamiento ( protección exclusiva judicial de determinadas autoridades ), se entiende que esto es sinónimo de un Golpe de Estado, de facto, y con ayuda de la ignorancia de los ciudadanos con respecto a sus Derechos Fundamentales aún de la indefensión de estos habitantes -de ahí Golpe de Estado- ya que las Fuerzas de Seguridad en España siguieron a raja tabla, sin cuestionarse en lo más mínimo, y con excesivo celo el cumplimiento de las indicaciones políticas fuera de la ley, más aún la buena imagen que el pueblo español creía tener de la Policía, de forma general, ha sido anulada por esta resolución constitucional de máxima referencia desde 1978, los miembros de las Fuerzas de Seguridad fueron utilizados por los políticos, para fines delictivos, contra natura. Cientos de miles de propuestas de sanción, detenciones e incluso gente que acabó en prisión por defender sus derechos inalienables. En definitiva todos los ingredientes de un Golpe de Estado desde el propio gobierno comunista en España, que, recientemente, ha elaborado indultos a criminales golpistas separatistas en Cataluña. Aquellos que te recomiendan ” vacunarte contra el ” COVID ” ” son los mismos que aplaudían desde lo balcones los encierros de la población indefensa e ignorante, otros de estos negligentes con ayuda de aplicaciones de tlf. móvil para avisar al gobierno comunista de la detección de ” sospechosos ” de estar en la calle tomando el fresco o haciendo recados, etc., donde agentes de la Policía acudían a estos avisos de personas negligentes e ignorantes.

Además, hay en marcha una batería de denuncias y querellas contra el gobierno comunista en España, algunas de estas acciones legales de asociaciones de juristas han llegado por el cauce de primera instancia, admitidas y otras directamente a tribunales de la U.E. Este fallo del Constitucional es, sin duda, un gran jarro de agua fría para el gobierno de turno en la nación de España, aunque se puede entender que es desarrollado bajo conceptos básicos y de manera adecuada a las inverosímiles situaciones, a las que nos han llevado los políticos en los últimos tiempos, cierto es verdad que es prácticamente contundente en la raíz del asunto. Y esto crea Jurisprudencia.