El fallo* de La Arandina está suponiendo una oleada de declaraciones a la hora de analizar el desarrollo de esta sentencia y otras más como el asunto de los juerguistas sevillanos en Pamplona. Es evidente, que, las políticas feministas controlan La Justicia en España y los ciudadanos normales y corrientes no están dispuestos a asumir esta pseudojusticia política. Aún, el contenido de las sentencias confirma un despropósito donde ya se habla de atentar al » sentido común «,a la lógica y la buena fe que debe de estar de forma perenne en el poder Judicial en España. No importa generalmente el partido que consiga conformar gobierno, todos tienen una ruta marcada por las élites masónicas, y el femimarxismo está en la agenda, indiscutiblemente.

Estas sentencias polémicas, ponen en grave peligro, ya se ha dicho en todo tipo de foros, las normales relaciones entre hombres y mujeres y que pueden alcanzar, de alguna manera el ámbito empresarial o laboral ( alguien puede entender que la presencia de una mujer en un lugar de trabajo puede suponer una situación incómoda para los varones, situación que podría aprovecharse para denunciar un hecho delictivo falso, por motivos indistintos o intereses particulares, entendiendo un daño colateral para las propias mujeres que por si fuera poco sufrirían una especie de prevención por los cientos de miles personas que conforman la secciones o departamentos de Recursos Humanos en el reino de España ). Es decir, que algunas personas pueden entender que estas sentencias confirman que el varón heterosexual occidental es proclive a sufrir una denuncia falsa*, pues se tiene en cuenta como única prueba en muchos casos recientes de condenas la voz de la fémina ( supuesta víctima ). ( Véanse aspectos interrelacionados con el acoso laboral, coacciones, y denuncias falsas* en España ). Y decimos féminas en estos ámbitos empresariales o laborales porque hay un sexo que tiene una sobreprotección por encima de otro y, esto afecta directamente, sin duda, al buen desarrollo de las actividades laborales o empresariales, ya que hay un requisito previo de conocer a la supuesta víctima o denunciante. ( Véanse casos recientes, como la de una empleada participando voluntariamente en una orgía, congrutulándose de estos hechos sexuales, con otros empleados de la misma empresa a la que ella pertenecía y difundiendo terceros un video o videos, en Internet, acabando denunciados ).

Lo de Pamplona y La Arandina tiene un denominador común, alguien sintió verguenza de su actividad libertina o de determinadas prácticas sexuales en el preciso momento que se difundieron en público, antes : no.

La setencia de » Pamplona » y de » La Arandina » son claras muestras de una deficiente Justicia en España, no solo por las políticas incrustadas en el poder judicial y su administración también por el sinsentido de sobreproteger a un determinado sexo y por encima de otro ( con todo tipo de artificios legales ), y no para otras personas con gustos o preferencias sexuales no heterosexuales. He aquí la cuestión de discriminación, que nunca puede considerarse » positiva » ¿? por la propia naturaleza del término y que, como es sabido, no existe tal cosa como discriminación positiva para el concepto de Justicia. Desde hace años colectivos de magistrados o asociaciones de jueces llevan denunciando, advirtiendo y alertando de y sobre estas políticas penetradas en el ámbito jurídico o en la propia ley, apelación en el sentido de que el fin último de la ley ( la norma o costumbre* pueden alcanzar este rango ) se basa en buscar la proporción y la respuesta para la resolución de problemas que aparecen o pueden aparecer en la sociedad española o interrelacionada con esta. Y cuando se abandona este fin aparece una situación caótica o subversión contra el pueblo, sus ciudadanos o gente que habita en un determinana nación o país, y, que, un determinado poder de la comunidad que conforma España agrava el problema ya » institucionalizado «. Por eso y por más siempre es positivo y sano que aparezcan voces alternativas que intentan exponer estos entresijos de la ley que previamente son elaboradas por sus señorías los políticos ( los legisladores ) y que posteriormente los intérpretes de la ley aplican.

 

Estos casos son la clara muestra de un déficit político en España, que alcanza a La Justicia, el problema no está concretado en una decisión de un juez o un magistrado según su color u observación de la vida, está en la : política. Pues un magistrado aplicará lo que hay en las leyes, pero algunos magistrados van más allá e introducen » innovaciones » aprovechando el material que le han pasado los legisladores para lo que se comprende como : » doctrinas de » ( generalmente atribuido, en el rigor, a un ente superior dentro de La Justicia ), en un sentido de interpretación de la ley. Por lo tanto, sí hay una influencia clara de la política en el poder judicial en España y no solo en los últimos años. Aún en determinados momentos o circunstancias tribunales españoles de Justicia son conformados con recomendaciones o propuestas desde el mundillo político, pero que no se tiene en cuenta la promoción natural y profesional de los magistrados -como debería de ser- para alcanzar estos altos cargos de tribunales de La Justicia. ( Alguien que es muy simpatizante de un determinado colectivo o grupo político podría alcanzar ( de ahí la presumida recomendación de promoción ) antes un determinado sillón en un tribunal que otra persona que ha hecho méritos, más que suficientes o superiores a, en su cargo profesional de juez durante años o décadas ). Con razón, algunos ciudadanos expresan el deseo o anhelo de » regeneración » ( inclúyase el térm. de recuperación democrática ) política en España o lo que coloquialmente se denomina » sentido común «. No se habla de que alguien, por sus ideas personales o afinidad política, sea mejor o peor persona, aún de profesionalidad, pero es evidente que hay una notable influencia -en un sistema, de alguna forma, » viciado «- para que alcance un propósito de superación laboral o categoría de este. Esto ya de por sí es una gran anomalía, se entiende así, que ha sido tratada y readaptada desde los años ochenta ( s. XX ) en indistintos tramos y formatos. Y cuando aparecen casos como » La Arandina » o » lo de Pamplona » y con ( las ) insustanciables sentencias ( que ) reabren estas cuestiones interrelacionadas con el Poder Judicial, porque todos los actores*, sea quien sea, son vinculantes* en la sociedad y les afecta como un ciudadano más. Imaginémonos, por unos momentos, que, un agente de una Fuerza es promocionado –oficialmente– para conseguir un cargo por su simpatía política o interrelación ( designación por recomendación exclusiva de ) con una formación política que gobierna, sería impensable el mero hecho de esta remota idea, y en detrimento de los agentes que verdaderamente sí han conseguido logros importantes con sus quehaceres cotidianos, los propios. De ahí mentar lo de : » subversión institucionalizada » El propio Sánchez ( Frente Popular de Soros en España ) incluía a » La Fiscalía » ( este término no existe en realidad, técnicamente, para su ámbito ) con el control del gobierno de turno. Con razón aprovechan estos asuntos internos de España otros políticos en Europa con respecto a los golpistas independentistas fugados que ya se pasean por la sede de la UE en Bruselas, saludando, con un » BON DIA «, estos prófugos al de lo de la » La Fiscalía » ( Sánchez ).